El abogado Jesús Gómez Urquizo pasó de ser anti-minero a ser
pro-mina a cambio del millón y medio de soles que la empresa Southern le habría
pagado para que cese las acciones legales que emprendió en contra del proyecto
Tía María, en el año 2010. Esto se deduce claramente de las pruebas que la
investigación fiscal ha recabado. Pero esa, lamentablemente, no es la peor
parte de la historia, pues se trata de negociados millonarios bajo una mesa en
la que estaban muriendo personas, en una supuesta lucha medioambiental.
Curiosamente, el caso es utilizado por los antimineros para
demostrar que la empresa es corruptora de dirigentes, como si dijeran
“corruptora de menores”; como si no supieran que muchos dirigentes existen
precisamente para alzar su poder entre las masas y a partir de éste presionar a
empresas o instituciones para obtener beneficios personales. ¿Aún se puede
defender la inocencia de Pepe Julio Gutiérrez y sus “lentejas al contado”? Por
favor.
Estos dirigentes que velan por sus bolsillos manipulando los
intereses de la población a costa de vidas humanas deberían ser condenados por
la población con la misma tozudez con la que rechazan los proyectos mineros.
Los dirigentes corruptos también contaminan. Pero el discurso antiminero
selecciona caprichosamente qué contamina y qué no. La minería informal, por
ejemplo, no recibe tanta oposición como la formal aunque, en términos
ambientales, destruya más.
Con estas medias tintas que no disparan contra la corrupción
antiminera, la defensa del medio ambiente parece terminar en donde comienzan
los intereses económicos, como si el problema no fuera que la mina contamina
sino que no paga lo suficiente por contaminar. Qué lástima.
(OCTUBRE, 2016)
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