Feudos universitarios

Jorge tiene 20 años, es estudiante de Administración en la Unsa y aspira a ser docente de esa misma universidad, cuando culmine sus estudios. Más que esforzarse en obtener buenas notas está empeñado en involucrarse en la política universitaria. Se ha fijado que ese es el camino que la mayoría de sus maestros ha seguido para obtener una cátedra. Muchos de los docentes tienen más vínculos políticos que sapiencia o experiencia profesional.

Malena está culminando sus estudios de Periodismo, también en la Unsa. Mientras realiza sus prácticas termina de convencerse de que tuvo malos profesores y que el plan de estudios que siguió de poco le sirve para ejercer su carrera. Cae en la cuenta que muchas de las materias fueron impuestas para favorecer a algún docente, más que para preparar adecuadamente a los estudiantes.

Este tipo de educación superior, que reciben los jóvenes en las universidades públicas, le cuesta al Estado más de 3 800 millones de soles al año. Es decir, nos cuesta a todos los peruanos. Y esa no es la única razón por la cual la reforma universitaria nos atañe a todos. Hay que tener en cuenta que de todos estos centros de educación superior egresan los profesionales que trabajan en el país. De la calidad educativa de ellos dependerá el nivel de los médicos que nos atiendan, los profesores que eduquen a nuestros hijos, los ingenieros que construyan nuestras ciudades, en fin, el nivel de desarrollo que podamos aspirar.

El cambio más debatido de la reforma es la creación de la Superintendencia Nacional de Universidades (Sunau), ente que estaría encargado de supervisarlas. “Sería la catástrofe más grande en la educación”, ha dicho Orlando Velásquez, titular de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), advirtiendo que la reforma es una amenaza contra la autonomía universitaria y que convertiría a estos centros superiores en “feudos” del gobierno, “que los manejaría al vaivén de sus propios intereses”.

Curiosa afirmación de quien preside esa cofradía llamada ANR, integrada precisamente por muchos  rectores que han hecho de la universidad su “feudo” y que utilizan el término “autonomía” para proteger sus propios intereses. ¿Ha contribuido en algo la ANR para mejorar el funcionamiento de la universidad pública?

Que la Sunau esté adscrita al Ministerio de Educación quizás no sea la mejor idea, pero eso no debe impedir que se ejerza supervisión sobre las universidades, cuyo diagnóstico es catastrófico: ninguna de las que funciona en el Perú figura, siquiera, entre las primeras 500 del mundo.

Las universidades tienen la misión de generar desarrollo para la sociedad, a través de buenos profesionales; y eso no es posible cuando se utiliza el principio de la autonomía como excusa para eternizar la corrupción y la ineficiencia.

La que nos espera

¿Recuerdan ustedes cuánto tiempo iba a durar la construcción de los anillos viales cercanos al Hospital General, según el anuncio oficial? “Es una obra programada para tres meses a tres turnos, no podemos empezarla por partes ni retrasarla”, declaraba el alcalde provincial, Alfredo Zegarra, en agosto de 2011, a diferentes medios de comunicación.



Pues ya va más de un año y medio y el proyecto de marras aún no está completamente operativo. Es decir que la obra viene demorando seis veces más de lo anunciado.

Ahora se ha dicho que las obras en la Variante de Uchumayo tomarán 18 meses. Apliquemos una regla de tres simple: si esos dos anillos viales están demorando más de 18 meses, ¿va a tomar el mismo tiempo construir otros dos anillos, tres puentes más y una pista de ocho carriles de 5,2 kilómetros de longitud? Resulta difícil de creer. ¿Deben los sufridos ciudadanos multiplicar ese plazo por seis, igual que en la experiencia anterior? ¡No, por favor!

Es cierto que la mega obra de la Variante de Uchumayo no está en manos del municipio sino del Gobierno Regional, pero ha sido  encargada a un consorcio privado, igual que los anillos viales de El Palomar y la avenida Los Incas. No sería extraño que nos veamos nuevamente frente a una retahíla de explicaciones, excusas y lavadas de mano, que prolonguen los trabajos y, con ello, el serio congestionamiento vehicular, con la grave pérdida de tiempo y dinero que eso significa para los usuarios.

Son 57 mil vehículos que circulan por esa zona diariamente y, debido a las obras, el flujo será desviado principalmente hacia la avenida Metropolitana que ya es el único desfogue para el serio congestionamiento vehicular de la avenida Ejército. El caos vial ha sido evidente durante la primera prueba en vacío del pasado fin de semana. Los técnicos encargados ya han anunciado ajustes para los próximos días; y el inicio de las obras, programado para este 17 de junio, ha sido postergado sin nueva fecha.

Pero subsiste un problema elemental: el plazo de ejecución no es creíble. Es cierto que la ciudad está creciendo y necesita este tipo de obras; pero, cuando los plazos no son honestos, el costo para los ciudadanos es injusto e innecesariamente alto. Si se hubiera manejado plazos reales en el caso de los anillos viales de El Palomar y la avenida Los Incas, quizás se hubiera optado hacerlo por tramos y, así, perjudicar menos a la población.

El principal problema de este plazo “optimista” es que no permite tomar las previsiones técnicas adecuadas. A esto hay que sumarle que ya se está cuestionando el alto costo de la obra lo que, seguramente, dilate más su ejecución. Un poco de honestidad nos haría bien a todos.

Y usted, ¿qué tan corrupto es?

Nuestro país ocupa el quinto lugar en América en lo que a pagar coimas se refiere, de acuerdo con un ranking realizado por el Barómetro de las Américas en 26 países. Según este estudio, el 28.5% de los ciudadanos ha pagado alguna vez un soborno a un funcionario, en el último año. Y el 40% de ellos lo hizo más de una vez.

Juan circula en su auto sin alguno de los documentos que las normas exigen. Si es detenido por un policía tendría en sus manos evitar una sanción pagando un soborno. La historia es conocida, los conductores se quejan diariamente en la radio por los operativos de tránsito y consideran que el único objetivo es llenar de dinero el bolsillo de malos policías. ¿Y qué tal si en lugar de quejarse no llevan sus papeles en regla y respetan las normas de tránsito? Eso sería una responsabilidad individual en contra de la corrupción.

Pero la situación es más compleja. Julia ha invadido un terreno junto a un grupo de personas. El dirigente les indica sin rubor que hay que pagar una coima al funcionario de gobierno para que les otorguen sus títulos de propiedad. Si Julia se niega a pagar el soborno se quedará sin el apoyo de su dirigente y se ganará enemigos entre los demás invasores. Para ella, oponerse a la corrupción sería un desafío.

Otro caso: Ronald trabaja en una institución del Estado y sabe cómo funciona la red de corrupción entre sus jefes y algunos funcionarios en los procesos de licitación; pero tiene las manos atadas. No puede denunciarlos sin el riesgo de ser tachado por “soplón” y, lo que es peor, perder su empleo. ¿No hay salida?

Recientemente, en la Sunat se ha implementado un sistema que incluye la reducción de penas administrativas para los empleados que denuncien casos de corrupción oportunamente. Además, una vez identificados los responsables, sus nombres serán publicados en una lista oficial. Lo único que falta es que estas personas sean impedidas de ocupar cargo público alguno en su vida y no sólo por algunos años, como establecen las normas vigentes.

De hecho, todas las oficinas del Estado tienen órganos de control interno a donde los ciudadanos pueden acudir con denuncias; pero no son eficientes. Un mal entendido “espíritu de cuerpo” impide sanciones ejemplares y termina protegiendo al corrupto. Pero la corrupción tiene auspiciadores en todos los niveles: el ex alcalde de Uchumayo, Vidal Pinto, fue reelecto en ese cargo, pese a que en su primer periodo ya fue condenado y preso por delitos de peculado. El pueblo premió así su corrupción y, como ya saben, Vidal hizo de la suyas por segunda vez y perdió nuevamente el cargo.

Aunque la solución parezca inalcanzable, podemos hacer mucho contra la corrupción: enfrentarla directamente o, simplemente, no alimentarla, es decir, ni pagando coimas, ni votando por corruptos confirmados.