Feudos universitarios

Jorge tiene 20 años, es estudiante de Administración en la Unsa y aspira a ser docente de esa misma universidad, cuando culmine sus estudios. Más que esforzarse en obtener buenas notas está empeñado en involucrarse en la política universitaria. Se ha fijado que ese es el camino que la mayoría de sus maestros ha seguido para obtener una cátedra. Muchos de los docentes tienen más vínculos políticos que sapiencia o experiencia profesional.

Malena está culminando sus estudios de Periodismo, también en la Unsa. Mientras realiza sus prácticas termina de convencerse de que tuvo malos profesores y que el plan de estudios que siguió de poco le sirve para ejercer su carrera. Cae en la cuenta que muchas de las materias fueron impuestas para favorecer a algún docente, más que para preparar adecuadamente a los estudiantes.

Este tipo de educación superior, que reciben los jóvenes en las universidades públicas, le cuesta al Estado más de 3 800 millones de soles al año. Es decir, nos cuesta a todos los peruanos. Y esa no es la única razón por la cual la reforma universitaria nos atañe a todos. Hay que tener en cuenta que de todos estos centros de educación superior egresan los profesionales que trabajan en el país. De la calidad educativa de ellos dependerá el nivel de los médicos que nos atiendan, los profesores que eduquen a nuestros hijos, los ingenieros que construyan nuestras ciudades, en fin, el nivel de desarrollo que podamos aspirar.

El cambio más debatido de la reforma es la creación de la Superintendencia Nacional de Universidades (Sunau), ente que estaría encargado de supervisarlas. “Sería la catástrofe más grande en la educación”, ha dicho Orlando Velásquez, titular de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), advirtiendo que la reforma es una amenaza contra la autonomía universitaria y que convertiría a estos centros superiores en “feudos” del gobierno, “que los manejaría al vaivén de sus propios intereses”.

Curiosa afirmación de quien preside esa cofradía llamada ANR, integrada precisamente por muchos  rectores que han hecho de la universidad su “feudo” y que utilizan el término “autonomía” para proteger sus propios intereses. ¿Ha contribuido en algo la ANR para mejorar el funcionamiento de la universidad pública?

Que la Sunau esté adscrita al Ministerio de Educación quizás no sea la mejor idea, pero eso no debe impedir que se ejerza supervisión sobre las universidades, cuyo diagnóstico es catastrófico: ninguna de las que funciona en el Perú figura, siquiera, entre las primeras 500 del mundo.

Las universidades tienen la misión de generar desarrollo para la sociedad, a través de buenos profesionales; y eso no es posible cuando se utiliza el principio de la autonomía como excusa para eternizar la corrupción y la ineficiencia.