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| Foto: Gestión |
Es bueno que la población quiera proteger al valle de Tambo
del daño ambiental que causaría la actividad minera. Además, es comprensible la
desconfianza que existe frente a la empresa minera y el Estado. Recordemos que Southern
consiguió el aval del gobierno, para el proyecto Tía María, con un Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) al cual la UNOPS hizo 138 observaciones; y que esta
evaluación se produjo sólo después de que dos personas fallecieron en medio de
violentas protestas en el 2011.
Lo que no pinta tan bien es que la legítima preocupación de
una comunidad termine en manos de dirigencias que parecen más preocupadas en
los réditos políticos que en el problema de fondo. Que busquen artilugios
populistas para negarse a dialogar y negarle no sólo a Tambo, sino a toda la
región y al país, la posibilidad de un desarrollo económico armónico con el
ambiente; pues esa fuerza popular que hoy se emplea para decir “no” a
rajatabla, bien podría servir para
imponer condiciones a la explotación minera y exigir mecanismos que garanticen
su cumplimiento. Pero eso, claro, acabaría con la vigencia política de muchos
dirigentes.
El Ministerio de Energía y Minas se ha propuesto explicar
cómo han sido levantadas las observaciones de la UNOPS al EIA de Tía María; y
el gobierno ha instalado una Mesa de Desarrollo para el valle; pero, aferrados
a formalidades, los dirigentes antimineros no quieren participar. Bien haría el
gobierno en cubrir todos los baches en el proceso de comunicación con la
población en su conjunto. De otro lado, no estaría mal que los dirigentes den
señales verdaderas de apertura al dialogo, aunque sea sólo para luego tener mayores
fundamentos en su rechazo. (mar.2015)
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