Las elecciones locales del año pasado sirvieron también para
medir el rechazo de la población al proyecto minero Tía María: las autoridades
electas son activos dirigentes antimineros. Todos los análisis coinciden en que
la razón de este rechazo es la profunda desconfianza de la población respecto a
la empresa privada, en particular Southern, y el Estado. Y en este caso no se
trata de ganar la confianza, sino de recuperarla y eso es más complejo aún,
pues se trabaja en base a experiencias pasadas negativas; y en esas
circunstancias los grupos humanos son más proclives a mantener una actitud que
a cambiarla.
Las protestas de 2011, en contra de Southern, cesaron cuando
la UNOPS señaló más de 181 observaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del
proyecto minero. La empresa suspendió actividades con el compromiso de subsanar
lo observado por el organismo adscrito a la ONU. El flujo regular de este
proceso debería ser que UNOPS revise nuevamente lo corregido por la minera,
algo que ciertos sectores están pidiendo. Pero, en lugar de eso, el Ministerio
de Energía y Minas, pretende exponer el nuevo EIA a la población, lo cual no
deja de ser democrático, pero insuficiente para demostrar que, en efecto, ese
documento garantiza que la minería no afectará a la agricultura del valle, como
los pobladores temen. Sobre todo porque se trata de un documento técnico. Con
este proceder no se abona mucho en la recuperación de la confianza que tanto se
necesita.
Los esfuerzos del que quiere obtener la confianza no
deberían tener reparos, no deberían dejar ningún espacio a la sospecha; y eso
no está sucediendo con el proyecto Tía María. (abr.2015)
No hay comentarios:
Publicar un comentario