Ya tenemos a congresistas que aprobaron el nuevo régimen
laboral juvenil reculando y sumándose a las protestas; así como a políticos
opositores aprovechando la ocasión para vilipendiar al gobierno de turno y
pintarse una aureola de santidad.
“Cuando la injusticia es ley, la rebeldía es deber”, se lee
en algunos de los carteles que portan los jóvenes en las recientes marchas y
entre ellos se percibe una legítima indignación y una auténtica vocación de
respeto por sus derechos. Nobles ideales que, como suele suceder, corren el
riesgo de caer en malas manos y ser utilizados con fines particulares bastante
ajenos a la verdadera causa. Evitar que esto suceda es la segunda lucha que se
tiene que enfrentar.
Por ahora, el gobierno sigue defendiendo esta nueva ley y
enfrentando las protestas sólo como un tema de orden público. Debido a su
tórrido romance con la Confiep, del gobierno sólo se puede esperar, en el mejor
de los casos, que suspenda la aplicación de la norma hasta que sus “beneficios”
sean entendidos. A juzgar por el modus operandi de la pareja presidencial, la
decisión final se dejará esperar, a fin de que la ley en discusión cumpla su
papel distractor respecto a las denuncias de corrupción que rondan Palacio de
Gobierno. Escenarios menos optimistas también son posibles y aún más temibles. (dic.2014)
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