Orgullo arequipeño

La cuarta parte de la población de Arequipa proviene de otros lugares del Perú, principalmente de Puno. Un porcentaje mayor ha nacido aquí, pero sus padres y abuelos son de otros lares. Todos ellos, en sentido estricto, no son arequipeños al “cien por ciento”, pero  viven en esta ciudad y hacen de ella lo que es, con defectos y virtudes.

Según una encuesta realizada el año pasado, el 65% de migrantes dice sentirse arequipeño y sólo el 10% dice que no. La categoría “arequipeño” va más allá del lugar de nacimiento. “Un arequipeño nace donde quiere”, decía la legendaria fundadora de la revista Caretas, Doris Gibson.

Es lamentable, entonces, que el aniversario de la fundación española de Arequipa se convierta todos los años en marco para la discriminación de quienes no nacieron en estas tierras y se les endilgue la responsabilidad de todos sus males. Y ese es un error en el que incurren quienes dicen ser arequipeños de “pura cepa”, sin percatarse que con ello echan por tierra la hospitalidad que supuestamente nos caracteriza.

El conocido orgullo arequipeño se basa en la riqueza natural, arquitectónica, histórica y cultural de la ciudad, pero ninguno de esos valores nos ha servido para hacer de Arequipa un lugar mejor para vivir. Estamos creciendo como cualquier urbe subdesarrollada en el mundo, sin planificación y con egoísmo, no sólo por la incompetencia de nuestras autoridades sino por la poca voluntad de los habitantes de mantener una ciudad realmente bella.

Si arrojas la basura en las torrenteras, maltratas los parques, destruyes la campiña, conduces un vehículo contaminante o no sabes compartir la ciudad, entonces no eres arequipeño aunque hayas nacido aquí y comas adobo todos los domingos.

Saca la cuenta

El sueldo de los alcaldes oscila entre 1 040 y 11 050 nuevos soles, dependiendo de la población electoral de cada jurisdicción, de acuerdo a ley, con excepción de Lima y Callao donde las sumas son mayores. Así, los alcaldes a nivel nacional reciben en promedio un sueldo de 2 302 nuevos soles, con lo que al final de su gestión habrán recibido 128 900 nuevos soles en remuneraciones.

Una campaña austera, sin inversión publicitaria en medios de comunicación, demanda como mínimo una inversión de 100 mil soles, según lo declarado por los candidatos ante el ONPE, en las elecciones de 2010. Si le sumamos el costo de la campaña en medios llegamos a sumas astronómicas. Según Simón Balbuena, ex alcalde provincial, una campaña electoral para el municipio de Arequipa consume como mínimo un millón y medio de soles.

En líneas generales, los candidatos gastan más en sus campañas de lo que recibirán en sueldos. De eso, el electorado puede darse cuenta por la cantidad de propaganda desplegada. ¿Podríamos pensar que se trata de una generosa muestra de altruismo? Difícil. Más aún con la escasa moral que exhiben candidatos plagiadores y prontuariados.

“Del mismo cuero salen las correas”, reza el dicho y así, el costo de las campañas implica una hipoteca que los candidatos pagarán con dineros del Estado de llegar al gobierno. Eso afectará cada obra que realicen y cada reforma que implementen. En otras palabras, cada cajita de fósforo, gorro, polo o lapicero que recibamos en la campaña nos va a costar a nosotros y con creces. Piensa bien antes de votar por un candidato que gasta mucho en su campaña.

Condenados

Según las leyes peruanas, respecto a la comisión de delitos, solo están impedidos de postular a las elecciones aquellos que hayan sido condenados a prisión efectiva por un delito doloso. Una vez cumplida la condena, pueden ser candidatos.

Entonces, si Pedro vendió la casa de sus fallecidos padres, sin el consentimiento de sus hermanos y a más de un comprador; es denunciado por estafa y hallado culpable, igual puede postular a alguna alcaldía. Y Miguel que, en estado de ebriedad, atropelló a un joven y trató de darse a la fuga; fue capturado, juzgado y sentenciado sin carcelería, también está en la libertad de ser candidato.

Lamentablemente, estos casos no son tan ficticios como parecen. La hoja de vida de Maximiano Huayta Gonzales, que postula a la alcaldía de Callalli (Caylloma), revela una condena por homicidio culposo, a dos años y seis meses de pena suspendida. Huayta fue hallado responsable de un accidente de tránsito donde hubo fallecidos. Igualmente, Domingo Suárez, candidato a la alcaldía de Cocachacra, incluye una condena por homicidio en su hoja de vida.

Así como estos delitos, que involucran la muerte de seres humanos, pasan por agua tibia frente a la ley electoral; otros delitos, como la estafa o el nepotismo, no son impedimento para pretender ser autoridad, con todas las de la ley.

Sin ir muy lejos, Manuel Vera Paredes fue vacado a fines del año pasado del cargo de alcalde distrital de Cerro Colorado, por nepotismo. Ahora está postulando a la reelección sin mayor empacho.

Frente a un electorado maduro y responsable, este tipo de postulaciones no tendría la menor posibilidad de éxito. Pero, hasta que no reunamos esas características, la ley debe cambiar.

Candidatos al paso

Un día despiertan, miran a su alrededor, se paran frente al espejo y se dicen a sí mismos: ¿por qué no? Entonces, se dan cuenta que apenas faltan algunos meses para las elecciones y que hay mucho qué hacer para presentar su candidatura a alguna alcaldía. Se preocupan primero por el dinero y, como ya se ha vuelto tradicional, hacen un directorio de posibles aportantes a la campaña, a los que ofrecerán un lugar en su lista de regidores, el mismo que dependerá del monto de su contribución.

Luego buscarán otro tipo de auspicios, por ejemplo: actuales y potenciales proveedores del municipio seleccionado, a quienes pedirán apoyo económico para la campaña a cambio de “trabajar juntos por el distrito” una vez que resulten elegidos, frase que luego se traducirá en licencias irregulares o licitaciones fraudulentas.

Hasta aquí el plan de gobierno o la formación de un equipo técnico aún figuran en la agenda bajo el rubro: “otros”.

Juntado el dinero comenzará la difusión de la candidatura, lo cual dependerá de qué hagan los adversarios; y si el actual alcalde va a la reelección, la situación es más complicada, porque será un competidor con amplio presupuesto.

Con la candidatura lanzada informalmente, el “candidato al paso” buscará recién una tienda política que lo cobije a la cual ofrecerá en contrapartida los aportantes y auspiciadores que ya consiguió por su cuenta.

Entre tanto ajetreo de última hora, muchos de estos candidatos dejarán cabos sueltos y su postulación no logrará superar ni los requisitos del Jurado Nacional de Elecciones; otro tanto, pasará inadvertido; mientras que sólo algunos terminarán haciéndose conocidos para la siguiente elección. Democracia, le llaman.

Alerta en la carretera

Adán Miranda es la cuarta víctima de la deflagración de gas ocurrida el pasado 23 de junio en la Variante de Uchumayo, accidente que también cobró la vida de los periodistas Mitsu Alvarado y Carlos Juárez, y del ingeniero Dante Leca. Luego de este accidente, mucho se ha hablado de la responsabilidad de la empresa que trasladaba el gas e, incluso, de las propias víctimas; sin embargo, existe un aspecto grave que no debe pasar de soslayo: la carretera hacia la costa es hoy más peligrosa que hace un año.

Con el inicio de las obras de ampliación de la segunda etapa de la mina Cerro Verde, la carga vehicular que soporta la vía Arequipa-Matarani ha crecido exponencialmente y, con ello, el peligro que encierra. Cierto es que esta vía ya es catalogada como una de las más peligrosas del país, por su estrechez y pendientes sinuosas; no obstante, la situación hoy es más riesgosa debido al incremento de vehículos que trasladan combustibles o sustancias tóxicas. Y ninguna medida de prevención se está tomando al respecto.

Hay que tener en cuenta que la tragedia de Uchumayo ocurrió debido a una mala maniobra del conductor de la cisterna que transportaba gas; y que aún se investiga si el chofer estaba capacitado y autorizado para este tipo de transporte. Mucho tiempo transcurrirá antes de que se esclarezcan los hechos, tiempo suficiente para que se produzca otra tragedia. No queremos eso.

Lamentablemente, las vías están parceladas y son muchos los responsables de lo que allí ocurre. Sin embargo, esto no debe ser óbice para que se levante una alerta y se eviten más muertes.