Condenados

Según las leyes peruanas, respecto a la comisión de delitos, solo están impedidos de postular a las elecciones aquellos que hayan sido condenados a prisión efectiva por un delito doloso. Una vez cumplida la condena, pueden ser candidatos.

Entonces, si Pedro vendió la casa de sus fallecidos padres, sin el consentimiento de sus hermanos y a más de un comprador; es denunciado por estafa y hallado culpable, igual puede postular a alguna alcaldía. Y Miguel que, en estado de ebriedad, atropelló a un joven y trató de darse a la fuga; fue capturado, juzgado y sentenciado sin carcelería, también está en la libertad de ser candidato.

Lamentablemente, estos casos no son tan ficticios como parecen. La hoja de vida de Maximiano Huayta Gonzales, que postula a la alcaldía de Callalli (Caylloma), revela una condena por homicidio culposo, a dos años y seis meses de pena suspendida. Huayta fue hallado responsable de un accidente de tránsito donde hubo fallecidos. Igualmente, Domingo Suárez, candidato a la alcaldía de Cocachacra, incluye una condena por homicidio en su hoja de vida.

Así como estos delitos, que involucran la muerte de seres humanos, pasan por agua tibia frente a la ley electoral; otros delitos, como la estafa o el nepotismo, no son impedimento para pretender ser autoridad, con todas las de la ley.

Sin ir muy lejos, Manuel Vera Paredes fue vacado a fines del año pasado del cargo de alcalde distrital de Cerro Colorado, por nepotismo. Ahora está postulando a la reelección sin mayor empacho.

Frente a un electorado maduro y responsable, este tipo de postulaciones no tendría la menor posibilidad de éxito. Pero, hasta que no reunamos esas características, la ley debe cambiar.