Allá por los años ochenta, cuando el primer gobierno de Alan
García enraizó la convicción de que toda empresa estatal representaba
irremediablemente un forado en los recursos nacionales y fuente inagotable de
corrupción; por ese entonces, decía, muchos reclamaban la presencia de la
empresa privada como si se tratase de la panacea de todos nuestros males. La
avalancha privatizadora del primer periodo de Alberto Fujimori era bien
acogida. Se hablaba de los millones que ingresaban al tesoro público por
aquellas ventas y de las grandes mejoras que experimentarían algunos servicios.
Una de las ventas más celebradas fue la de Entel a la
española Telefónica. De hecho, cuando la empresa era estatal uno tardaba varios
años en conseguir una línea de teléfono y con la llegada de la privada, los
celulares aparecieron y hasta se regalaban por la compra de un pollo a la
brasa. Pero, claro, este cambio terminó costando a los usuarios más de lo
necesario. Durante los primeros años, Telefónica, debido al contrato que firmó
que el fujimorato, gozó de exclusividad, lo que le permitió una serie de abusos
que han ido siendo regulados. Sin embargo, aun queda mucho pan por rebanar;
como los 1581 millones de soles que desde hace años se niega a pagar a la
Sunat.
Lo último que se sabe es que el Tribunal Fiscal de nuestro
país está exigiendo el pago, correspondiente al impuesto de la renta de los
años 2000 y 2001. Pero, la compañía puede recurrir al Poder Judicial en su afán
de no pagar, sobre todo porque anteriormente el Tribunal Fiscal había fallado a
su favor. Posibilidades de defensa que no tiene el contribuyente de a pie. (SETIEMBRE, 2015)

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