Miles y miles de personas participaron el pasado sábado en
diferentes ciudades del país en la denominada “Marcha por la vida”, que fue
convocada por grupos católicos en contra del aborto. Cabe recordar que el
aborto en el Perú es un delito que tiene pena de cárcel; y, aunque el aborto
terapéutico es legal, la falta de un protocolo médico impide su aplicación. En
otras palabras, las organizaciones que se autodenominan “pro-vida” piden que las
leyes y normas no cambien, frente a los grupos que están pidiendo la
legalización del aborto, en situaciones específicas.
Que la Iglesia Católica tiene una gran influencia en el
Estado no es noticia para nadie, con lo que no es difícil saber que será muy
complicado para un gobierno tomar una decisión que contravenga la postura de ésta,
aunque la Constitución establezca que somos un Estado laico. La razón: la
mayoría de votantes son católicos.
Se estima que en el Perú se producen unos 352 mil abortos al
año, con las leyes como están. Es decir que no son las leyes las que alientan o
impiden que un aborto se realice. La solución no está, entonces, en las leyes;
al menos no en su totalidad.
Así las cosas, la causa católica antiaborto parece estar
olvidando un flanco: sus propios fieles. Esos fieles que son mayoría en el Perú
y que deberían cumplir aquello que su Iglesia manda con o sin leyes de por
medio. Así, para reducir el número de abortos no sería necesario que impongan
sus creencias a quienes no profesan su mismo credo, y el Estado podría mantener
la neutralidad que le corresponde.
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