Conozco personas que rechazan la minería; otras que tratan
de aprovechar la actividad minera, trabajando; otras que lo hacen, manipulando;
y otras que se oponen a la minería hasta que, por azar, les toca disfrutar de
sus beneficios. La relación de las personas con la minería es esquizoide. No he
podido conocer a alguien que rechace la minería, aun cuando los beneficios de
oponerse sean menores a los de ponerse a favor. Pero, claro, sería
irresponsable pretender analizar una realidad en su conjunto a partir de mi
experiencia personal y mi entorno inmediato. Y ese suele ser un error
frecuente.
Hace una semana, de paseo por el valle de Tambo, tuve un par
de charlas con agricultores del lugar. “Nadie quiere a la mina”, me aseguró uno
de ellos, refiriéndose al proyecto Tía María que la empresa Southern pretende
instalar en el lugar y que hace más de dos años terminó en una revuelta popular
que dejó el saldo de tres personas muertas. “Nos tendrían que dar una
indemnización de por vida”, añade tras preguntarle si no existe ninguna
posibilidad de que acepten la operación minera.
“Los dirigentes no representan a todos los agricultores… la
gente ya está aceptando la mina”, es la frase que esgrime otro agricultor. Dos
testimonios opuestos sobre una misma realidad que escuché en el valle, al igual
que las dos versiones que se escuchan en los medios. La verdad no es fácil de
asir, sobre todo cuando existen
intereses económicos muy grandes de por medio.
Bien haría falta un intermediario técnico y apolítico que
reconozca el verdadero sentir de la población directamente afectada y que pueda proteger el valle sin enemistarlo
con el progreso.
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