Hasta hace 10 años, las campañas electorales se convertían
–entre otras cosas- en un mercado de puestos laborales en el Estado. A quienes
apoyaban activamente una candidatura se les ofrecía un empleo en el gobierno
central o local, cuando el candidato fuera elegido. Así, cuando Alejandro
Toledo asumió la presidencia del país, los militantes de Perú Posible
realizaron marchas de protesta exigiendo que se les contrate en oficinas
gubernamentales, como se les había prometido.
Ahora, el ofrecimiento más abierto ya no son los puestos de
trabajo sino los terrenos del Estado. Las autoridades locales en busca de una
reelección están permitiendo que se invadan propiedades para asegurar el apoyo
electoral de quienes confían en una futura titulación. Las consecuencias de
esta estrategia política son funestas para la ciudad y la sociedad en su
conjunto. Primero, porque se estimula la informalidad; y segundo, porque se
impide un desarrollo ordenado de la urbe.
Lo más sucio en este asunto es que se pretende aparentar que
se trata de solucionar el problema social de la escasez de vivienda en sectores
de bajos recursos, cuando en el trasfondo existen intereses económicos y
políticos de grupos que lucran con esta necesidad. Nada más lucrativo, hoy en día,
que adquirir un terreno a un precio simbólico y luego venderlo a precio de
mercado. Tremendo negocio a expensas de los intereses de la ciudad.
Mientras tanto, el trabajador honesto debe seguir
postergando el sueño de la casa propia en una ciudad peruana donde el metro
cuadrado de terreno cuesta igual que en algunas ciudades del llamado primer
mundo.

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