Quienes sostienen que la victoria de los votos blanco y nulo
en esta segunda vuelta significaría un nuevo proceso electoral con otros
candidatos, no están diciendo toda la verdad. La Ley Orgánica de Elecciones
(art. 364) establece la nulidad de los comicios en una jurisdicción cuando los
votos nulos o en blanco superan los dos tercios del número de votos válidos;
pero no es clara sobre el nuevo proceso que debe convocarse. La interpretación
y decisión final recae sobre el Jurado Nacional de Elecciones. Y en ese
sentido, la presidenta del Jurado Especial de Elecciones de Arequipa, María
Concha Garibay, ya ha señalado que tendríamos que volver a elegir entre Yamila
Osorio y Javier Ísmodes.
Conseguir que se realice un nuevo proceso, desde el inicio,
entonces, dependería de las acciones judiciales que se emprendan, lo cual
demandaría no sólo tiempo sino una mayor organización. Ese escenario es más
complejo, porque este tipo organización demanda recursos y eso da paso a los
“financistas”, con sus propios intereses. De hecho, la actual campaña a favor
del voto nulo ya tiene financistas y no es difícil adivinar quiénes son.
Votar en blanco o nulo es un legítimo derecho de la
población y un ejercicio democrático cuando representa la voluntad de los
votantes; pero puede terminar siendo un arma de doble filo cuando esa voluntad
popular es orientada con verdades a medias y aprovechada por otro tipo de
intereses.
Alcanzar el 66,6% de los votos válidos es una valla muy
alta, pero alcanzar un alto porcentaje de votos en blanco y nulos ya habrá
dicho mucho acerca del respaldo con que comenzará a gobernar la nueva autoridad
regional. (oct.2014)
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