Hasta hace poco más de un mes, las normas que buscaban
proteger el patrimonio monumental impedían la modificación o la demolición
parcial o total de edificaciones con valor arquitectónico o histórico, sin
evaluación y autorización previa del INC (Instituto Nacional de Cultura). Así,
si un propietario quería poner en valor un predio de este tipo, le demandaba
mayores trámites y costos que si se tratara de construir en un terreno baldío.
Pero estas normas nunca aseguraron la conservación del
patrimonio monumental. Primero, porque en muchos casos el INC intervino tarde o
nunca en la modificación de un monumento histórico. Y segundo, porque cuando el
capital privado no asumió los altos costos de una restauración, las
edificaciones terminaron cayéndose de viejas.
En pocas palabras, las leyes de conservación del patrimonio
no sirvieron mucho para su fin. ¿Y qué ha hecho el gobierno?, ¿ha mejorado
estas normas? No. Lo que ha hecho es sacarlas de en medio para favorecer el
“boom inmobiliario”. El pasado 10 de octubre, se ha emitido la Resolución 364
que elimina la exigencia de contar con una autorización previa del Ministerio
de Cultura para ejecutar una obra en un inmueble declarado Patrimonio Cultural
de la Nación.
Ahora son las municipalidades las que decidirán qué obras son un potencial peligro para el
patrimonio inmueble. Sí, esas mismas municipalidades que en Arequipa han
autorizado habilitaciones urbanas en la campiña. ¿Qué podemos esperar que la
gestión Zegarra haga con esta Resolución? El Palacio Metropolitano de Bellas
Artes y el balneario de Tingo ejemplifican los conceptos que el reelegido
alcalde tiene sobre “valor histórico y arquitectónico”. El patrimonio
monumental de Arequipa está amenazado de muerte. (oct.2014)
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