Los gobiernos regionales y locales necesitan una reforma
legislativa para impedir que se malversen los fondos del Estado; la Ley de
Partidos requiere cambios para que se impulse la ciudadanía; así como urge
modificar la Ley Electoral para evitar que “cualquiera” postule al gobierno. Éstas
son sólo algunas tareas urgentes que el Congreso deja de lado para enfrascarse
en pugnas por el poder, el protagonismo o los intereses particulares.
Ya conocemos la noticia, el gabinete Jara logró la aprobación
del Congreso con el voto dirimente de su presidenta y sumando los votos de
última hora de dos ministros-congresistas. Para la oposición se trata de una
“victoria pírrica” del oficialismo, es decir que no tiene valor; mientras que
el Ejecutivo pasa el asunto por agua tibia. “Tenemos que voltear la página”, ha dicho
Ollanta Humala.
Si el gabinete no hubiera obtenido el voto de confianza del
Congreso, el Ejecutivo habría tenido que armar uno nuevo con la cantera de
técnicos que no tiene. Así resulta que la ajustada decisión de ayer fue el mal
menor, pero un mal al fin y al cabo. Y si bien, en el Congreso, la oposición
parece fortalecida y el gobierno debilitado, eso no implica necesariamente que
se vaya a producir los cambios que la población espera.
Y es que, mientras todo este pulseo político acapara la
atención, la democracia se debilita, las soluciones no se plantean, los planes
no se ejecutan, los médicos permanecen en huelga, las AFPs continúan
esquilmando el ingreso de los trabajadores y la población sigue avergonzada de
su clase política.
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