Ya tocaba paro

Hace unos meses, el eterno dirigente popular, Felipe Domínguez, en una entrevista televisiva, explicaba que para este año tenía programado un paro, además de varias marchas de protesta. ¿Reclamando qué?, fue la pregunta lógica que no tuvo una respuesta concreta. Domínguez estaba seguro que en el camino aparecería algo por qué protestar. Así quedó claro que para este personaje, paralizar la ciudad y movilizar pobladores es sólo parte de su actividad dirigencial, la cual cumple aplicadamente. ¿Alguien duda que él esté motivado por intereses políticos ajenos a las “causas populares” que luego usa como excusa? Yo no.

Ayer, se cumplió lo anunciado: un paro regional. El reclamo principal – ¿o deberíamos decir, la excusa?-, fue la disminución del Canon Minero. Este aporte no ha sido escaso a lo largo de la última década, pero los gobiernos locales y el propio gobierno nacional no lo han sabido aprovechar. Han quedado millones de soles sin utilizar, otros tantos han sido invertidos negligentemente o han caído en las garras de la corrupción. Pero, claro, para los dirigentes, nada de esto importa al momento de organizar un paro y demostrar su poder de convocatoria.

“No tenemos servicios en mi pueblo, señorita. Y si cortan el Canon, seguro va a ser peor”, declaraba a una reportera, un poblador de Uchumayo que acompañaba la marcha de protesta de ayer en la Plaza de Armas. Sí, los pobladores sí tienen reclamos genuinos: en sus casas no hay agua y desagüe, no tienen empleo fijo, viven en la inseguridad, los precios de los alimentos suben, sus hijos no reciben una buena educación y sus familias no cuentan con un decente servicio de salud. Y todo esto sucede, mientras en el país se habla de bonanza económica e inclusión. Ellos están en las calles reclamando mejores condiciones de vida. Y de eso se aprovechan los dirigentes. Y digo: se aprovechan, porque esos paros y “marchas de sacrificio” sirven, por encima de todo, para que demuestren el poder que tienen sobre las masas y ganar con ello privilegios y prebendas de aquellas autoridades y políticos que en cada marcha cuentan votos.

Lo antes descrito no sucedo sólo en el Perú –como les gusta decir a tantos-, ni sólo ocurre ahora; es una vieja práctica, pero no por eso es correcta, ni mucho menos justa. Los dirigentes ganan poder, los manifestantes pierden esperanzas y confianza en el gobierno, y el resto de la población se ve perjudicada directamente en sus actividades económicas; mientras que el gobierno – a quien se supone va dirigida la protesta- sigue su agenda oficial sin inmutarse y el resto del país apenas si se entera que Arequipa estuvo en paro.

Si de lo que se trata es de expresar “la voz de protesta del pueblo”, debería comenzarse por legitimar las dirigencias; pues, las de ahora, flaco favor la hacen a ese pueblo con su sola presencia.