En el Perú, somos más de 3 millones y medio de contribuyentes
registrados en SUNAT que, con nuestros impuestos, sostenemos directamente el
aparato burocrático. El resto de la población adulta, unos 19 millones de
peruanos, también contribuye con este sostenimiento mediante impuestos indirectos.
Así resulta que millones de ciudadanos pagamos la planilla
de 1 millón 300 mil servidores públicos, lo cual demanda un gasto anual de más
de 2 mil 600 millones de soles. ¿A cambio de qué? De un sistema ineficiente, con
muchos empleados que ingresaron a sus puestos de trabajo por la ventana y que,
ahora, se reúsan a un cambio que busca beneficiar a la población.
En medio de intereses políticos, los empleados públicos no
se dan cuenta que las recientes huelgas y marchas de protesta en contra la promulgada
Ley del Servicio Civil ponen en tela de juicio su capacidad. Un buen trabajador
no tendría por qué oponerse a ser evaluado; menos aún si va a recibir la
oportunidad de capacitarse, en el caso de resultar desaprobado. Penoso resulta
que reclamen en las calles y por la fuerza una estabilidad laboral que, al
parecer, no se sienten capaces de ganar con un buen desempeño en sus puestos de
trabajo.
Que el gobierno planea despidos masivos, que la evaluación
será arbitraria y otros argumentos más de los huelguistas, terminan sonando a
pretexto frente a una verdad innegable: la atención en el sector público tiene
que mejorar.
Carmen acudió a la Oficina de Circulación Terrestre para
renovar su licencia de conducir y se encontró con un impedimento: en el
sistema, su brevete figuraba como “suspendido”. Segura de que se trataba de un
error, la mujer pidió la revisión de su expediente en el cual, como ella
afirmaba, no existía ningún documento que sustentara la sanción. Pese a esto, la
encargada de la oficina se negó a darle solución al problema. Sólo con la
intervención de la Defensoría del Pueblo, Carmen logró que se le reconociera el
derecho a revalidar su documento, trámite que le tomó más de dos años porque,
además, en el ínterin, el expediente se extravió.
Estar frente a un empleado público que, simplemente, se
encoge de hombros ante las dificultades de un trámite documentario que su
propia negligencia ha provocado, puede ser no sólo una experiencia enervante si
no costosa en tiempo y dinero. Y sucede con demasiada frecuencia. Es cierto que
la mala atención al público en la burocracia estatal, se debe además a los sistemas engorrosos y la insuficiente
cantidad de personal; pero, con mejores trabajadores, la situación sería mucho
menos frustrante para el usuario.
Cada año, el aparato burocrático del Estado recibe 42 mil
nuevos trabajadores, muchos de los cuales ingresan por favores políticos o
“amiguismo”. En ese sistema informal nada garantiza la contratación de personal
capaz, eficiente y honesto. Esto, en definitiva, tiene que cambiar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario