Gómez y los antimineros

El abogado Jesús Gómez Urquizo pasó de ser anti-minero a ser pro-mina a cambio del millón y medio de soles que la empresa Southern le habría pagado para que cese las acciones legales que emprendió en contra del proyecto Tía María, en el año 2010. Esto se deduce claramente de las pruebas que la investigación fiscal ha recabado. Pero esa, lamentablemente, no es la peor parte de la historia, pues se trata de negociados millonarios bajo una mesa en la que estaban muriendo personas, en una supuesta lucha medioambiental.

Curiosamente, el caso es utilizado por los antimineros para demostrar que la empresa es corruptora de dirigentes, como si dijeran “corruptora de menores”; como si no supieran que muchos dirigentes existen precisamente para alzar su poder entre las masas y a partir de éste presionar a empresas o instituciones para obtener beneficios personales. ¿Aún se puede defender la inocencia de Pepe Julio Gutiérrez y sus “lentejas al contado”? Por favor.

Estos dirigentes que velan por sus bolsillos manipulando los intereses de la población a costa de vidas humanas deberían ser condenados por la población con la misma tozudez con la que rechazan los proyectos mineros. Los dirigentes corruptos también contaminan. Pero el discurso antiminero selecciona caprichosamente qué contamina y qué no. La minería informal, por ejemplo, no recibe tanta oposición como la formal aunque, en términos ambientales, destruya más.

Con estas medias tintas que no disparan contra la corrupción antiminera, la defensa del medio ambiente parece terminar en donde comienzan los intereses económicos, como si el problema no fuera que la mina contamina sino que no paga lo suficiente por contaminar. Qué lástima.

(OCTUBRE, 2016)

Tarde y mal

El tablero del diálogo ha sido pateado más de una vez y de distintas maneras. Recobrar la confianza para llegar a un acuerdo satisfactorio no es un proceso que lleve poco tiempo. Todos tienen su propia receta para poner fin al conflicto en el valle de Tambo en contra del proyecto minero Tía María, pero ninguna parece aplicable. Lo que ocurre mientras tanto es la polarización de la población, agravios y amenazas que se disparan desde ambos bandos, además de la violencia física, la mediática y las sucias jugadas por debajo de la mesa.

“Hace rato se debió retirar el proyecto”, “hace rato se debió declarar el Estado de Emergencia”, son algunas de las exclamaciones que se escuchan en la calle y aunque plantean remedios opuestos, coinciden en algo: el gobierno ha fallado en dejar que se prolongue el conflicto.

Tía María no va. Al menos en el corto plazo eso ya está bastante claro y es el largo plazo el que está en pugna. Un término que ya no estará en manos del gobierno actual, como también se le ha escapado de las manos la solución del conflicto vigente.

La revisión del Estudio de Impacto Ambiental de Southern por parte de un organismo técnico neutral y una consulta popular, previa campaña transparente de información, parece lo más sensato. Pero ni el gobierno, ni la empresa, ni los opositores parecen estar dispuestos a aceptar estas condiciones.

El audio de las “lentejas” ha sido una jugada mayor que busca deslegitimizar la protesta, pero eso no aclara el escenario sólo lo enturbia más, en detrimento de quienes sienten que su causa es justa. Aunque a estas alturas, ya nada es justo. (MAYO, 2015)

Nos odiamos tanto

Arequipa vive desgarrada por el racismo. El conflicto por el proyecto minero Tía María lo ha puesto nuevamente en relieve. En las calles, la radio y las redes sociales se encuentran agravios racistas de toda índole. Hasta los llamados a la paz son motivo de enfrentamientos verbales y discriminatorios.

A juzgar por los mensajes en redes sociales, existen personas que se consideran “netos arequipeños”, que desprecian todo lo que a su entender no es “originario”, critican a los inmigrantes por una supuesta falta de identificación con la ciudad y los culpan de todo mal. 

Involuntariamente, mientras expresan ésta postura se pintan de cuerpo entero, en su falta de racionalidad para identificar las verdaderas causas de un conflicto, en la estrechez de criterio para determinar responsabilidades, en la torpeza de prejuicios y en la contradicción de conceptos, como identidad, orgullo, democracia o paz.

De parte de quienes se sienten agraviados por los “netos arequipeños” tampoco existen razonamientos lúcidos pues también se traducen en desprecio, resentimiento y violencia.

“En sus caras se nota que son arequipeños de verdad”, se leía en un comentario en Facebook sobre la “Marcha por la Paz”. Observación muy curiosa porque en los perfiles de esa red social, entre los que se dicen “arequipeños de verdad” y los que no, se ven todos los matices de piel. ¿Será porque todos somos peruanos?

No es fácil amar un lugar en donde te sientes rechazado, insultado o ignorado. Y ya casi todos se sienten así. El arequipeño que se considera “invadido” y el inmigrante que es discriminado. En esta ciudad de odios que estamos construyendo va quedando muy poco de qué sentirnos orgullosos. (MAYO, 2015)

No una, sino muchas fotos

Una foto en la que apare un agricultor sosteniendo un verduguillo en las protestas del valle de Tambo en contra del proyecto minero Tía María, era en realidad la foto de la víctima de un “sembrado”, como lo demostró un video difundido posteriormente. 

La historia de esa foto revela que la represión contra los manifestantes antimineros está utilizando estrategias sucias y torpes. Pero esa no es la única foto de las protestas, existen otras que sí son verdaderas, como las del ataque a la compañía de bomberos. Así como también hay otras que muestran la violencia por parte de la Policía. La foto del agricultor fallecido es el ejemplo más trágico.

Una foto es un retazo de la realidad y no se puede analizar la realidad por retazos y mucho menos si nos llegan con la intención de fragmentarla. La visión general del conflicto en Islay, además, no va a depender sólo de la cantidad de retazos de realidad que logremos recoger a la distancia sino de la posición que ya tenemos sobre el tema. En el trabajo periodístico, la situación se traduce más o menos así: si no apoyas firmemente la protesta o criticas a sus promotores, entonces eres un periodista vendido; si concuerdas con la protesta, serás tildado de terrorista antiminero. Y esta situación de fuego cruzado se vive con más intensidad en el valle y la sufren más los pobladores. Mientras tanto, el gobierno promete agotar el diálogo. Dialogo que tendrá que caminar entre visiones fragmentadas, odios sembrados y afanes personales y económicos. No suena prometedor. (abr.2015)

Razones para desconfiar

Las elecciones locales del año pasado sirvieron también para medir el rechazo de la población al proyecto minero Tía María: las autoridades electas son activos dirigentes antimineros. Todos los análisis coinciden en que la razón de este rechazo es la profunda desconfianza de la población respecto a la empresa privada, en particular Southern, y el Estado. Y en este caso no se trata de ganar la confianza, sino de recuperarla y eso es más complejo aún, pues se trabaja en base a experiencias pasadas negativas; y en esas circunstancias los grupos humanos son más proclives a mantener una actitud que a cambiarla.

Las protestas de 2011, en contra de Southern, cesaron cuando la UNOPS señaló más de 181 observaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero. La empresa suspendió actividades con el compromiso de subsanar lo observado por el organismo adscrito a la ONU. El flujo regular de este proceso debería ser que UNOPS revise nuevamente lo corregido por la minera, algo que ciertos sectores están pidiendo. Pero, en lugar de eso, el Ministerio de Energía y Minas, pretende exponer el nuevo EIA a la población, lo cual no deja de ser democrático, pero insuficiente para demostrar que, en efecto, ese documento garantiza que la minería no afectará a la agricultura del valle, como los pobladores temen. Sobre todo porque se trata de un documento técnico. Con este proceder no se abona mucho en la recuperación de la confianza que tanto se necesita.

Los esfuerzos del que quiere obtener la confianza no deberían tener reparos, no deberían dejar ningún espacio a la sospecha; y eso no está sucediendo con el proyecto Tía María. (abr.2015)

La cruz de Tambo

Jaime de la Cruz

Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos junto a otros dirigentes antimineros del valle de Tambo fueron sentenciados en 2014 por el Juzgado Unipersonal de Islay a cuatro años de pena suspendida por el delito de entorpecimiento del funcionamiento a los servicios públicos, debido a los disturbios de abril de 2011 en contra del proyecto Tía María.  De la Cruz apeló y con el proceso judicial en revisión fue elegido alcalde de Deán Valdivia.

La participación de De la Cruz en el actual paro indefinido en Tambo sirve como ejemplo para tratar de entender el manejo de este conflicto desde las dirigencias. El voto popular que lo pone en el sillón municipal le otorga mayor legitimidad, en términos democráticos, respecto a un cargo dirigencial; pero él ha optado por continuar “detrás de la trinchera”, en la cerrazón y la intransigencia, dejando de lado las posibilidades de dialogo, que en su nueva condición podrían manejarse a favor de la población que siempre ha sentido que el diálogo se conduce a favor de la empresa privada.

Se ha difundido un audio en el que De la Cruz se dirige al presidente Ollanta Humala con términos vulgares para devolverle, supuestamente, la alcaldía. La irreproducible frase es celebrada por la muchedumbre que no repara en que son ellos los que le dieron la alcaldía, no el Presidente. Como tampoco reparan en que el actual conflicto se ha convertido en una autoflagelación lamentable para todos, en la que sus dirigentes arman escalones políticos con los legítimos reclamos de una población agrícola que se siente amenazada por la minería. Mientras tanto, en el gobierno central el pulseo de poderes sigue su juego, como si nada más importase. (abr.2015)

Lo bueno, lo malo y Tía María

Foto: Gestión

Es bueno que la población quiera proteger al valle de Tambo del daño ambiental que causaría la actividad minera. Además, es comprensible la desconfianza que existe frente a la empresa minera y el Estado. Recordemos que Southern consiguió el aval del gobierno, para el proyecto Tía María, con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al cual la UNOPS hizo 138 observaciones; y que esta evaluación se produjo sólo después de que dos personas fallecieron en medio de violentas protestas en el 2011.

Lo que no pinta tan bien es que la legítima preocupación de una comunidad termine en manos de dirigencias que parecen más preocupadas en los réditos políticos que en el problema de fondo. Que busquen artilugios populistas para negarse a dialogar y negarle no sólo a Tambo, sino a toda la región y al país, la posibilidad de un desarrollo económico armónico con el ambiente; pues esa fuerza popular que hoy se emplea para decir “no” a rajatabla, bien  podría servir para imponer condiciones a la explotación minera y exigir mecanismos que garanticen su cumplimiento. Pero eso, claro, acabaría con la vigencia política de muchos dirigentes.

El Ministerio de Energía y Minas se ha propuesto explicar cómo han sido levantadas las observaciones de la UNOPS al EIA de Tía María; y el gobierno ha instalado una Mesa de Desarrollo para el valle; pero, aferrados a formalidades, los dirigentes antimineros no quieren participar. Bien haría el gobierno en cubrir todos los baches en el proceso de comunicación con la población en su conjunto. De otro lado, no estaría mal que los dirigentes den señales verdaderas de apertura al dialogo, aunque sea sólo para luego tener mayores fundamentos en su rechazo. (mar.2015)