Déjala decidir

“Si pudiéramos extraer petróleo de embriones, pues deberíamos hacerlo y no habría ningún dilema moral”, dijo en todas sus palabras el filósofo español Jesús Mosterín, en su última visita a Arequipa en setiembre de 2011, frente a un abarrotado auditorio que se quedó perplejo luego de oírlo. Mosterín, apelando a la ciencia, dijo que un embrión, mientras no tiene cerebro ni corazón, no es un ser humano. Cabe precisar que el filósofo no profesa ninguna fe religiosa.

Después de la impactante exposición, algunos de los asistentes visiblemente horrorizados se reunieron a comentar el tema. Los argumentos giraban en torno a las creencias religiosas y el soplo divino de vida que comienza en la fecundación. También primaba el temor que argumentos como el expuesto terminaran consintiendo una sexualidad irresponsable que no valore las vidas por nacer.

Cada postura obedecía a sus propias creencias religiosas. En ese sentido salí entendiendo que una sociedad católica como la nuestra no va aceptar la interrupción de un embarazo en ningún caso, ni aun cuando esté en riesgo la vida la madre, ni cuando se trate de un caso de violación. Es esa una postura coherente con sus creencias.

Pero ¿qué sucede cuando una mujer no comparte esas creencias y ha sido violada o su vida está en riesgo por un embarazo? ¿Debería tener el derecho a elegir? Lo deseable sería que aún con una legislación que permita los abortos en determinados casos, las mujeres decidieran no abortar guiadas por sus propias convicciones y no forzadas por la ley. Pero, como las cosas no funcionan así, la religión sigue imponiendo sus criterios por la fuerza de las leyes humanas. (06/MAY/2015)

No me odies

Yesenia y Jenifer son ambas profesoras y bordean los 35 años. Hace 15 años que son pareja y viven juntas. Compraron un terreno, construyeron una casa y la han convertido en un lindo hogar de dos. La propiedad está a nombre de Yesenia. Si algo llegara a pasarle a ella, Jenifer perdería, no sólo al amor de su vida, sino todos sus bienes materiales que pasarían a propiedad de la familia de Yesenia. Si se aprobara la ley de la unión civil para homosexuales tampoco mejoraría la situación de Jenifer, pues lo más probable es que, en salvaguarda de su trabajo, no accedería a este derecho. Y es que, si ellas decidieran unirse civilmente, equivaldría a declarar públicamente su orientación sexual, lo cual seguramente las dejaría sin empleo y con el rencor reavivado de sus familias. Con una sociedad tan prejuiciosa como la nuestra. ¿Creen que el millón de homosexuales, que se calcula existe en el Perú, saldría en tropel a declarar públicamente su orientación al amparo de una unión civil legalizada? No lo crean.

Esta ley es lo mínimo que un Estado puede ofrecer a una minoría permanentemente juzgada y discriminada. La propuesta no es la gran cosa, no cambiará la doble moral de la sociedad, ni sus prejuicios medievales; pero ya es algo. Está formulada, además, en términos condescendientes respecto a los argumentos religiosos: no habla de matrimonio ni permite la adopción de hijos. Nadie está abriendo las puertas del cielo a los homosexuales, ni obligando a los devotos a ver con buenos ojos a la homosexualidad, ni pidiendo que se les permita casarse ante un altar; sólo se está reconociendo algunos derechos civiles de una minoría ciudadana, para adquirir propiedades y heredar en pareja, dentro de un país laico. Nada más.

Uno de los mayores detractores de esta ley es el congresista Carlos Tubino, del fujimorismo. Él afirma que es un paso previo al matrimonio gay y que éste es una amenaza para la familia, que está amparada por la Constitución. ¿Eso qué quiere decir? Que si los homosexuales se casan, que son el 3% de la población, ¿el resto de familias heterosexuales van a dejar de serlo? Parece que apoyaran las teorías que sostienen que todos somos homosexuales reprimidos en espera de mejores condiciones para “salir del closet”. Por favor. Bajo esa premisa, los hombres debieron dejar de serlo cuando se reconoció los derechos civiles de las mujeres.

Sería bueno que dejemos los discursos fatalistas para mejores causas, como la impunidad pretendida para sentenciados por delitos contra los derechos humanos o sacerdotes pedófilos librados de toda responsabilidad con auspicio de sus iglesias.

Un pueblo que practica la violencia, la desigualdad  y la discriminación; con autoridades que promueven el odio a las diferencias, eso sí es fatal. (set.2013)