A finales de los 70, la Asociación Peruarbo solicitó
formalmente al Estado los terrenos eriazos colindantes al Colegio Militar
Francisco Bolognesi, para instalar un proyecto urbano estructurado. La
solicitud fue denegada debido a que el lugar escogido no estaba destinado para
vivienda.
Pocos años después un grupo de invasores tomó el lugar y formó lo que
hoy se conoce como Pampas de Polanco. Los invasores lograron construir sus
viviendas y dotarse de servicios básicos en mucho menos tiempo que los urbanizadores
de Peruarbo, que fueron ubicados en el Cono Norte y sufrieron décadas sin electricidad,
agua y desagüe. Así, quienes recurrieron a la legalidad salieron perdiendo,
mientras que la invasión se estableció con la falta de planificación que las
caracteriza.
Esta historia nos recuerda que, ante la necesidad de
vivienda, la ineficiencia del Estado auspicia las invasiones, pues terminan
siendo la forma más rápida de obtener un terreno para las personas de escasos
recursos. De esta manera, además, es el propio Estado el que deja servida la
mesa para la proliferación de traficantes de terrenos, que lucran con estas
invasiones y las utilizan para manejos políticos bastante veleidosos. Ahí
tenemos al inefable Felipe Domínguez, dirigente que antes encausaba la fuerza
popular del Cono Norte para apoyar al liberal régimen fujimorista, ese mismo
que otorgó amplios beneficios tributarios a la minería; y que ahora alza la
bandera antiminera.
El pasado lunes murió un hombre de 32 años en medio de un
violento enfrentamiento con armas entre invasores en Cayma. En vano serán los
pronunciamientos al respecto mientras el Estado no comience a hacer lo que le
corresponde: poner orden. (MAYO, 2015)
