La discriminación tiene rebote

Para el corso de aniversario de Arequipa de este año se ha dispuesto que sólo participen danzas  de nuestra región. Eso, además de ser discriminatorio, demuestra una absoluta falta de reconocimiento de lo que somos actualmente como ciudad. El 25% de la población en Arequipa es migrante, y el 80% de esta migración proviene de Puno. Esto sin contar a los que, habiendo nacido aquí, tienen sus orígenes en otras tierras.

Decisiones como ésta, que ha tomado el municipio, alimentan los resentimientos e impiden que el evidente mestizaje en nuestra ciudad encuentre un camino armonioso. En otras palabras, provocan que los habitantes de una misma ciudad nos sigamos viendo como extraños y potenciales enemigos. En conclusión: más discriminación. Realmente preocupante, que la idea nazca de quien detenta el poder político.

Mariano nació en Juliaca y llegó a Arequipa cuando tenía 7 años. Por su lugar de origen fue objeto de burlas en el colegio, su tez cobriza lo convirtió en víctima del “raceo”. La ciudad le fue hostil y no le guarda ningún aprecio. Él ahora trabaja como taxista y es de los muchos que no respeta el reglamento de tránsito; y cuando no lo hace, los insultos que recibe están siempre dirigidos al color de su piel. En su casa, le ha enseñado a sus hijas a “no juntarse con las pituquitas”.

El racismo en nuestro medio ha tomado el nombre popular de “raceo”. Y así, tenemos en nuestra sociedad a los “raceadores”, aquellas personas que menosprecian a todo aquél que, por complejas causas psicosociopatológicas, consideran inferior. No todas las víctimas, los “raciados”, aceptan las afrentas con pasividad; y la revancha no siempre está dirigida contra los agresores. Así se teje una cadena de maltratos. La violencia engendra violencia, dicen, y la discriminación tiene rebote.

Elba es de Junín, vive en Arequipa y tiene a sus hijas estudiando en un colegio del distrito de Mariano Melgar. Allí, la mayoría de alumnas proviene de hogares migrantes de Puno. “A qué vienen ustedes provincianos acá, esto es para la gente de Puno”, le dicen a Elba las otras madres de familia. Y Elba y sus hijas son objeto de todo tipo de discriminación.

En Hunter, en un salón de un colegio particular, los alumnos han segregado a dos de ellos. En este caso, porque su color de piel es más claro que del resto. Los maestros, lejos de corregir esta conducta, la secundan con un trato discriminatorio. “Si no les gusta, que se los lleven a otro colegio”, comentan.

Y así, todos son discriminados en algún momento. ¿Nos les parece absurdo? Pues lo es, como quizás lo sea muchas de las conductas humanas. Pero ese balón de la discriminación llega muchas veces a nuestras manos y esa es la oportunidad que todos perdemos de detener el rebote.

Burocracia a cuestas

En el Perú, somos más de 3 millones y medio de contribuyentes registrados en SUNAT que, con nuestros impuestos, sostenemos directamente el aparato burocrático. El resto de la población adulta, unos 19 millones de peruanos, también contribuye con este sostenimiento mediante impuestos  indirectos.

Así resulta que millones de ciudadanos pagamos la planilla de 1 millón 300 mil servidores públicos, lo cual demanda un gasto anual de más de 2 mil 600 millones de soles. ¿A cambio de qué? De un sistema ineficiente, con muchos empleados que ingresaron a sus puestos de trabajo por la ventana y que, ahora, se reúsan a un cambio que busca beneficiar a la población.

En medio de intereses políticos, los empleados públicos no se dan cuenta que las recientes huelgas y marchas de protesta en contra la promulgada Ley del Servicio Civil ponen en tela de juicio su capacidad. Un buen trabajador no tendría por qué oponerse a ser evaluado; menos aún si va a recibir la oportunidad de capacitarse, en el caso de resultar desaprobado. Penoso resulta que reclamen en las calles y por la fuerza una estabilidad laboral que, al parecer, no se sienten capaces de ganar con un buen desempeño en sus puestos de trabajo.

Que el gobierno planea despidos masivos, que la evaluación será arbitraria y otros argumentos más de los huelguistas, terminan sonando a pretexto frente a una verdad innegable: la atención en el sector público tiene que mejorar.

Carmen acudió a la Oficina de Circulación Terrestre para renovar su licencia de conducir y se encontró con un impedimento: en el sistema, su brevete figuraba como “suspendido”. Segura de que se trataba de un error, la mujer pidió la revisión de su expediente en el cual, como ella afirmaba, no existía ningún documento que sustentara la sanción. Pese a esto, la encargada de la oficina se negó a darle solución al problema. Sólo con la intervención de la Defensoría del Pueblo, Carmen logró que se le reconociera el derecho a revalidar su documento, trámite que le tomó más de dos años porque, además, en el ínterin, el expediente se extravió.

Estar frente a un empleado público que, simplemente, se encoge de hombros ante las dificultades de un trámite documentario que su propia negligencia ha provocado, puede ser no sólo una experiencia enervante si no costosa en tiempo y dinero. Y sucede con demasiada frecuencia. Es cierto que la mala atención al público en la burocracia estatal, se debe además  a los sistemas engorrosos y la insuficiente cantidad de personal; pero, con mejores trabajadores, la situación sería mucho menos frustrante para el usuario.

Cada año, el aparato burocrático del Estado recibe 42 mil nuevos trabajadores, muchos de los cuales ingresan por favores políticos o “amiguismo”. En ese sistema informal nada garantiza la contratación de personal capaz, eficiente y honesto. Esto, en definitiva, tiene que cambiar.

“La voz de Dios”

Hace tres años, cerca de un centenar de personas se agolpó una mañana al frente de un centro comercial que aún no abría sus  puertas. El gentío furioso vociferaba en contra de la empresa, criticando su origen extranjero y demandando que se fuera del país. Dentro de la muchedumbre muchos gritaban: “¡saqueo!”. La razón: una mujer había llamado por teléfono a una sintonizada radio local denunciando que había sido maltratada físicamente en ese supermercado. Según la señora, la agresión se produjo luego que su pequeño hijo cogiera unos caramelos de los anaqueles, como una travesura; lo que habría provocado la ruda reacción del personal de seguridad del lugar. El locutor indignadísimo lanzó una perorata en defensa de la “humilde madre de familia” y convocó a su audiencia a realizar la protesta que, finalmente, se produjo.

En el lugar de la protesta, todos los manifestantes sustentaban su reclamo repitiendo la historia que se había propalado en el programa radial. Si bien no faltó alguien que afirmara ser testigo presencial de los hechos denunciados, la mayoría tenía un solo testimonio: el de la radio. Luego de un par de horas de griterío, que impidió el funcionamiento del local comercial, apareció en la escena, el locutor radial. El hombre fue entrevistado por unos colegas suyos sobre la autenticidad de la denuncia, pero él no supo responder. No sabía el nombre de la mujer, ni cómo ubicarla para refrendar lo ocurrido. Una llamada anónima había sido suficiente para armar tamaño molondrón.

El centenar de personas reunidas en el lugar ya había hecho su propio juicio, con víctimas, culpables y sentencia, basándose únicamente en un rumor. Y mientras esto sucedía, en la comisaría del sector se evaluaba un video de vigilancia del centro comercial sobre los hechos denunciados. En él se observaba a la mujer sustrayendo una pasta de dientes, un jabón y otros objetos pequeños de la tienda, en compañía de su menor hijo. Luego se la veía oponiendo resistencia ante la intervención del personal de seguridad. El parte policial, de otro lado, daba cuenta del hurto por un monto de 22 soles.

En esta historia tenemos a un puñado de gente inducido a una protesta en reclamo de un supuesto abuso; pero que en realidad terminó defendiendo a una delincuente común. La voz del pueblo, dicen, es la voz de Dios; pero no siempre tiene sabiduría.

Y recuerdo esto por el caso Ciro Castillo, cuando esa voz tampoco fue sabia al juzgar, sentenciar y condenar a Rosario Ponce por la muerte del joven universitario, acusación que el Ministerio Público acaba de archivar por falta de pruebas. No es poco el daño que ese ser inasible llamado “opinión pública” ha infringido a la joven; y es que esa “voz de Dios” es muchas veces sólo un rebaño que avanza sin medir las consecuencias.

Mercado de noticias

“Que un perro muerda a un hombre no es noticia, que un hombre muerda a un perro, sí lo es”. Así está escrito en un viejo manual de Redacción Periodística de la Associated Press. Y así como lo usual no es noticioso, al parecer existe un supuesto tácito de que lo bueno es lo que comúnmente sucede y, por lo tanto, no es noticia. Si una autoridad cumple con su deber no es un hecho noticiable; que un padre se sacrifique día a día por sus hijos, tampoco.  La noticia es que esa autoridad sea corrupta o que ese padre sea cruelmente violento con sus hijos, y así se termina seleccionando como noticia lo que es malo. ¿Cuántas veces no hemos visto titulares de prensa que señalan: “corrupción”? ¿Se imaginan uno que diga: “honestidad”?

Y entonces, tenemos noticieros llenos de accidentes y crímenes. Hasta hace un par de décadas atrás, en la televisión sólo se transmitía una hora de noticieros a las 10 de la noche, y las notas violentas ocupaban apenas unos minutos al final del programa. El tratamiento de esta información ha cambiado trágicamente. Las llamadas “notas rojas” son titulares y reciben una larga cobertura de imágenes escabrosas y testimonios desgarradores. ¿Se han preguntado por qué?

Hace unos años trabajaba en un semanario que apostaba por las notas de interés social y colocaba en primera plana temas como la educación o la cultura. La venta de esas ediciones era dramáticamente menor en comparación a las que llevaban en portada una nota policial. La historia de Liz Pierina o el Monstro de Chiguata batieron récord en ventas. Los editores de noticieros lo saben: las notas de sangre “venden”. Existe cierto morbo en el público que los medios malamente aprovechan para aumentar sus ventas o su sintonía. Ya lo dijo hace unos días un comentarista de CNN: “las noticias buenas no venden”. Y claro, todos le echan la culpa al vendedor de malas noticias, como lo hizo el presidente Ollanta Humala días atrás , pidiendo 15 minutos de noticias positivas a los medios peruanos.

Pero el comprador también tiene responsabilidad ¿no creen? Si el asesinato de Alicia Delgado ocupó primeras planas a lo largo de dos meses fue porque durante todo ese tiempo los periódicos que abrían con esa información se vendieron como pan caliente. Y lo mismo sucedió con el caso Ciro. No crean que los periodistas no estaban también hastiados de tratar el tema mes tras mes, pero era lo que aseguraba las ventas y la sintonía.

La relación público-medios tiene rasgos esquizoides. Y es que el público son millones de personas, muchas de las cuales consumen ávidamente lo que otras repudian. La responsabilidad del “vendedor” de malas noticias es ponderar sus intereses meramente comerciales; y la responsabilidad del “comprador” de información violenta es comenzar a demandar y consumir mejores contenidos, que sí, los hay.

Feudos universitarios

Jorge tiene 20 años, es estudiante de Administración en la Unsa y aspira a ser docente de esa misma universidad, cuando culmine sus estudios. Más que esforzarse en obtener buenas notas está empeñado en involucrarse en la política universitaria. Se ha fijado que ese es el camino que la mayoría de sus maestros ha seguido para obtener una cátedra. Muchos de los docentes tienen más vínculos políticos que sapiencia o experiencia profesional.

Malena está culminando sus estudios de Periodismo, también en la Unsa. Mientras realiza sus prácticas termina de convencerse de que tuvo malos profesores y que el plan de estudios que siguió de poco le sirve para ejercer su carrera. Cae en la cuenta que muchas de las materias fueron impuestas para favorecer a algún docente, más que para preparar adecuadamente a los estudiantes.

Este tipo de educación superior, que reciben los jóvenes en las universidades públicas, le cuesta al Estado más de 3 800 millones de soles al año. Es decir, nos cuesta a todos los peruanos. Y esa no es la única razón por la cual la reforma universitaria nos atañe a todos. Hay que tener en cuenta que de todos estos centros de educación superior egresan los profesionales que trabajan en el país. De la calidad educativa de ellos dependerá el nivel de los médicos que nos atiendan, los profesores que eduquen a nuestros hijos, los ingenieros que construyan nuestras ciudades, en fin, el nivel de desarrollo que podamos aspirar.

El cambio más debatido de la reforma es la creación de la Superintendencia Nacional de Universidades (Sunau), ente que estaría encargado de supervisarlas. “Sería la catástrofe más grande en la educación”, ha dicho Orlando Velásquez, titular de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), advirtiendo que la reforma es una amenaza contra la autonomía universitaria y que convertiría a estos centros superiores en “feudos” del gobierno, “que los manejaría al vaivén de sus propios intereses”.

Curiosa afirmación de quien preside esa cofradía llamada ANR, integrada precisamente por muchos  rectores que han hecho de la universidad su “feudo” y que utilizan el término “autonomía” para proteger sus propios intereses. ¿Ha contribuido en algo la ANR para mejorar el funcionamiento de la universidad pública?

Que la Sunau esté adscrita al Ministerio de Educación quizás no sea la mejor idea, pero eso no debe impedir que se ejerza supervisión sobre las universidades, cuyo diagnóstico es catastrófico: ninguna de las que funciona en el Perú figura, siquiera, entre las primeras 500 del mundo.

Las universidades tienen la misión de generar desarrollo para la sociedad, a través de buenos profesionales; y eso no es posible cuando se utiliza el principio de la autonomía como excusa para eternizar la corrupción y la ineficiencia.

La que nos espera

¿Recuerdan ustedes cuánto tiempo iba a durar la construcción de los anillos viales cercanos al Hospital General, según el anuncio oficial? “Es una obra programada para tres meses a tres turnos, no podemos empezarla por partes ni retrasarla”, declaraba el alcalde provincial, Alfredo Zegarra, en agosto de 2011, a diferentes medios de comunicación.



Pues ya va más de un año y medio y el proyecto de marras aún no está completamente operativo. Es decir que la obra viene demorando seis veces más de lo anunciado.

Ahora se ha dicho que las obras en la Variante de Uchumayo tomarán 18 meses. Apliquemos una regla de tres simple: si esos dos anillos viales están demorando más de 18 meses, ¿va a tomar el mismo tiempo construir otros dos anillos, tres puentes más y una pista de ocho carriles de 5,2 kilómetros de longitud? Resulta difícil de creer. ¿Deben los sufridos ciudadanos multiplicar ese plazo por seis, igual que en la experiencia anterior? ¡No, por favor!

Es cierto que la mega obra de la Variante de Uchumayo no está en manos del municipio sino del Gobierno Regional, pero ha sido  encargada a un consorcio privado, igual que los anillos viales de El Palomar y la avenida Los Incas. No sería extraño que nos veamos nuevamente frente a una retahíla de explicaciones, excusas y lavadas de mano, que prolonguen los trabajos y, con ello, el serio congestionamiento vehicular, con la grave pérdida de tiempo y dinero que eso significa para los usuarios.

Son 57 mil vehículos que circulan por esa zona diariamente y, debido a las obras, el flujo será desviado principalmente hacia la avenida Metropolitana que ya es el único desfogue para el serio congestionamiento vehicular de la avenida Ejército. El caos vial ha sido evidente durante la primera prueba en vacío del pasado fin de semana. Los técnicos encargados ya han anunciado ajustes para los próximos días; y el inicio de las obras, programado para este 17 de junio, ha sido postergado sin nueva fecha.

Pero subsiste un problema elemental: el plazo de ejecución no es creíble. Es cierto que la ciudad está creciendo y necesita este tipo de obras; pero, cuando los plazos no son honestos, el costo para los ciudadanos es injusto e innecesariamente alto. Si se hubiera manejado plazos reales en el caso de los anillos viales de El Palomar y la avenida Los Incas, quizás se hubiera optado hacerlo por tramos y, así, perjudicar menos a la población.

El principal problema de este plazo “optimista” es que no permite tomar las previsiones técnicas adecuadas. A esto hay que sumarle que ya se está cuestionando el alto costo de la obra lo que, seguramente, dilate más su ejecución. Un poco de honestidad nos haría bien a todos.

Y usted, ¿qué tan corrupto es?

Nuestro país ocupa el quinto lugar en América en lo que a pagar coimas se refiere, de acuerdo con un ranking realizado por el Barómetro de las Américas en 26 países. Según este estudio, el 28.5% de los ciudadanos ha pagado alguna vez un soborno a un funcionario, en el último año. Y el 40% de ellos lo hizo más de una vez.

Juan circula en su auto sin alguno de los documentos que las normas exigen. Si es detenido por un policía tendría en sus manos evitar una sanción pagando un soborno. La historia es conocida, los conductores se quejan diariamente en la radio por los operativos de tránsito y consideran que el único objetivo es llenar de dinero el bolsillo de malos policías. ¿Y qué tal si en lugar de quejarse no llevan sus papeles en regla y respetan las normas de tránsito? Eso sería una responsabilidad individual en contra de la corrupción.

Pero la situación es más compleja. Julia ha invadido un terreno junto a un grupo de personas. El dirigente les indica sin rubor que hay que pagar una coima al funcionario de gobierno para que les otorguen sus títulos de propiedad. Si Julia se niega a pagar el soborno se quedará sin el apoyo de su dirigente y se ganará enemigos entre los demás invasores. Para ella, oponerse a la corrupción sería un desafío.

Otro caso: Ronald trabaja en una institución del Estado y sabe cómo funciona la red de corrupción entre sus jefes y algunos funcionarios en los procesos de licitación; pero tiene las manos atadas. No puede denunciarlos sin el riesgo de ser tachado por “soplón” y, lo que es peor, perder su empleo. ¿No hay salida?

Recientemente, en la Sunat se ha implementado un sistema que incluye la reducción de penas administrativas para los empleados que denuncien casos de corrupción oportunamente. Además, una vez identificados los responsables, sus nombres serán publicados en una lista oficial. Lo único que falta es que estas personas sean impedidas de ocupar cargo público alguno en su vida y no sólo por algunos años, como establecen las normas vigentes.

De hecho, todas las oficinas del Estado tienen órganos de control interno a donde los ciudadanos pueden acudir con denuncias; pero no son eficientes. Un mal entendido “espíritu de cuerpo” impide sanciones ejemplares y termina protegiendo al corrupto. Pero la corrupción tiene auspiciadores en todos los niveles: el ex alcalde de Uchumayo, Vidal Pinto, fue reelecto en ese cargo, pese a que en su primer periodo ya fue condenado y preso por delitos de peculado. El pueblo premió así su corrupción y, como ya saben, Vidal hizo de la suyas por segunda vez y perdió nuevamente el cargo.

Aunque la solución parezca inalcanzable, podemos hacer mucho contra la corrupción: enfrentarla directamente o, simplemente, no alimentarla, es decir, ni pagando coimas, ni votando por corruptos confirmados.

“Machismómetros”

“Antes las mujeres cocinaban como sus madres, ahora beben como sus padres”. Leo esta frase con cierta regularidad en las redes sociales de internet y me parece que puede servir como un práctico ejercicio de medición del machismo personal, es decir: un “machismómetro”.

Instrucciones: Lea la frase y conteste las siguientes preguntas: ¿Le hizo reír, molestarse o reflexionar? Si le hizo reír, tranquilo, no diremos que es usted un machista troglodita. Aún. La frase es ingeniosa, tiene sentido y encaja con gracia en nuestros esquemas mentales, esos que exaltan en la mujer su rol pasivo, de la casa, la ternura, lo maternal y reprochan que esté en la calle pretendiendo hacer lo que hace un varón. Y es que la frase asesta contra una mal entendida igualdad y, por eso, vamos a tratar de explicar el asunto: hombres y mujeres son distintos fisiológica y culturalmente, pero deben ser iguales en el ejercicio de sus deberes y derechos ciudadanos; y en la libertad y condiciones para alcanzar sus aspiraciones. Esta idea es extensa y difícil, sí, de allí  los continuos malos entendidos.

Pero volvamos al “machismómetro”: ¿le parece mal que una mujer beba licor como varón?, ¿juzga usted en la misma medida que el varón tome como varón? Si respondió usted que sí en ambas preguntas, es usted una persona que posee un juicio en sano equilibrio o de las que pretende quedar bien ante sí mismas con respuestas correctamente políticas. Como fuera, esa es la respuesta con perspectiva de género, como dicen en las ONG. Sí, es criticable que la mujer beba licor como varón, pero es peor aún que lo que hacen los varones marque la línea de lo incorrecto. ¿No creen?

Última pregunta: ¿le parece que las mujeres deberían cocinar como sus madres?, ¿cree que los varones deberían hacerlo? Si contesto que sí a la primera pregunta, y que no, a la segunda, entonces ya podemos decirle machista. Y es que esa es la manera práctica de detectar una conducta o pensamiento machista: cuando se juzga o demanda de la mujer algo que no se haría del varón, y viceversa.

Otra frase en internet decía: “una mujer puede ser una dama, es su decisión; pero un varón tiene que ser un caballero, es su obligación”. Pues, este tipo de frases son las que alimentan las desigualdades y la discriminación más peligrosamente aún, porque vienen disfrazadas de una supuesta ventaja para la mujer.

En nuestra sociedad, aún machista, existen muchas circunstancias en las que es necesario exigir ventajas para la mujer –como la Ley de Cuotas-, porque el objetivo es procurar mejores condiciones para su desarrollo personal y ciudadano. Eso no implica que no puedan ser ellas las que cedan el asiento en la combi a un anciano o compartan la cuenta de un restaurante con un amigo. El resultado tendrá que ser siempre la equidad, de eso se trata.

Receta casera contra la pobreza

Una niña de 9 años carga botellas de agua en el cementerio mientras cuida a su hermano de 2 años. Unos metros más allá, su hermano mayor, de 14, carga una escalera junto a su madre. Es Día del Padre y la gran afluencia de personas al Campo Santo les ha propiciado esta momentánea oportunidad de trabajo. El resto del año, la mujer vende golosinas en los paraderos o busca fechas especiales como ésta para obtener algún ingreso adicional. Se llama Leonor y, junto con sus hijos, pertenece a ese 16,6% de pobreza urbana que registran las estadísticas en nuestro país.

Leonor era pobre antes de tener su primer hijo. ¿Por qué, entonces, tuvo dos más? Muchos culpan al Estado y al “sistema”, pero existe una responsabilidad individual que está pasando de soslayo. ¿Acaso Leonor no puede percibir que empeora su situación y la de sus hijos, cada vez que se embaraza?

Marleny es una joven que trabaja en un programa de apoyo social. Ella ve llegar mujeres, con cuatro o más hijos en fila india, a recoger alimentos; pocas trabajan y muchas tienen maridos que gastan en licor lo poco que ganan. La historia es común y subsiste, irónicamente, con ayuda del gobierno. Marleny quisiera poner como condición para entregar la ayuda, que las mujeres dejen de tener hijos; pero es al revés, a más hijos, la ayuda que reciben es mayor.

Algunos pensadores de izquierda afirman que existe un sistema económico voraz al que fríamente le conviene la “mano de obra barata”, que tiene su cantera en la pobreza. Pues es el mismo sistema que termina auspiciando la procreación irresponsable de hijos, al distribuir ayuda económica con ineficiencia. El Estado peruano gasta actualmente más de 2800 millones de soles anuales en estos programas. No se puede negar ayuda a la población pobre, eso es innegable; pero es grave que se termine alentando la inconciencia de tener hijos por descuido.

Muchos discursos políticos siembran, en la población empobrecida, la idea de que su condición es culpa del gobierno, solamente, y que sólo el gobierno puede remediarla. Y si por un lado, no se puede negar el rol protagónico del Estado en la generación de mejores condiciones de vida, de igual manera se debe insistir en la responsabilidad que cada uno tiene sobre su propia situación.

Quizás en el campo la circunstancias no sean las mismas, pero en la ciudad sí se tiene a la mano esta receta casera para reducir la pobreza: no tener hijos que no se puedan mantener. En los hospitales públicos se distribuyen dispositivos anticonceptivos gratuitamente. Hay que usarlos y hay que practicar y fomentar una paternidad responsable. Todas las personas tenemos el juicio suficiente para elegir cuántos hijos tener. La pobreza no nos priva del buen juicio. (may.2013)

Pobres niños ricos

La pobreza afecta más a los niños y ésta no es sólo una frase de discurso político. En nuestro país, el 25.8% de la población es pobre, según el último informe del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática); pero esta cifra se incrementa a 36.6%, en la población que tiene menos de 14 años. Es decir que por cada 3 adultos pobres, hay 4 niños que lo son. Y esto sucede mientras el Perú se ubica en el octavo puesto de países ricos de Latinoamérica.

En una provincia cualquiera de Arequipa vive Alison. Tiene 16 años y es la mayor de cuatros hermanos. Su mamá trabaja lavando ropa y su papá de peón. Alison acaba de dar a luz a su primer hijo, ha abandonado el colegio y comenzará a trabajar como cobradora de combi para poder sostener al bebé. El joven padre se ha comprometido a pasar una pensión, pero no lo hace. Así, el número de niños pobres en la familia de Alison se ha incrementado.

Según las estadísticas, los niños pobres pertenecen, sobre todo, a familias numerosas, en donde la cantidad de hijos no se incrementa por voluntad consciente de los padres. La situación se complica más cuando las hijas adolescentes comienzan a embarazarse a temprana edad. En el Perú,  el 12.5%  de adolescentes entre 15 a 19 años ya estuvo alguna vez embaraza.

Y ¿existen políticas de educación sexual y prevención de embarazos no deseados en este país de notable crecimiento económico?  Los resultados demuestran que no. En los últimos 11 años la cifra de embarazos en adolescentes no ha disminuido sino se ha mantenido. Los y las adolescentes cada vez están teniendo relaciones a más temprana edad, entre los 12 y 13 años.

Alonso es albañil. Vive en una reducida habitación en un distrito urbano de la ciudad, con su mujer y cuatro hijos. El menor tiene apenas unos días de nacido y ha sido diagnosticado con Síndrome de Down. Antes de recibir la noticia, las condiciones económicas de esta familia ya eran ajustadas. Ahora, no les alcanza el dinero para los exámenes especiales que necesita el bebé y que no brinda el sistema de salud público, en este país de expectantes cifras macro económicas.

Muchos dirán que la culpa de esta situación es del sistema y que la solución está en manos del gobierno; pasando por alto una responsabilidad que es individual: el ser padres, el procrear hijos  por simple inconciencia sin prever las condiciones de desarrollo a las que vamos a enfrentarlos. Relevarnos de esa culpa y dirigir el dedo acusador hacia las autoridades no impedirá que en este país de posibilidades –como decía Jorge Basadre-, los más pobres sean los niños. (may.2013)